determinadas reclamaciones fiscales. En particular, el
Grupo Telefónica es actualmente parte en determinados
litigios fiscales abiertos en Perú por el impuesto de la
renta de ejercicios anteriores, cuyo proceso contencioso-
administrativo se encuentra actualmente en marcha; y los
procedimientos fiscales y regulatorios abiertos en Brasil,
fundamentalmente en relación al ICMS (impuesto
brasileño que grava los servicios de telecomunicaciones)
y al Impuesto sobre Sociedades.
En este sentido, a 31 de diciembre de 2021, Telefônica
Brasil mantenía provisiones por contingencias tributarias
por importe de 340 millones de euros y provisiones por
contingencias regulatorias por importe de 314 millones de
euros. Aunque el Grupo considera que sus estimaciones
fiscales son razonables, si una autoridad tributaria no está
de acuerdo, el Grupo podría enfrentarse a una
responsabilidad fiscal adicional, incluyendo intereses y
sanciones. No puede haber garantías de que el pago de
dichos importes adicionales no tenga un efecto adverso
importante en los negocios del Grupo, los resultados, la
situación financiera y/o los flujos de caja.
Un resultado adverso o un acuerdo extrajudicial de éstos
u otros litigios o contenciosos, presentes o futuros,
podrían representar un coste significativo y tener un
efecto negativo material en los negocios, la situación
financiera, los resultados o la generación de caja del
Grupo.
El Grupo Telefónica está expuesto a riesgos en
relación con el cumplimiento de la legislación
contra la corrupción y los programas de
sanciones económicas.
El Grupo Telefónica debe cumplir con las leyes y
reglamentos contra la corrupción de las jurisdicciones
donde opera en el mundo y, en determinadas
circunstancias, con leyes y reglamentos contra la
corrupción con efecto extraterritorial, tales como la U.S.
Foreign Corrupt Practices Act de 1977 (en adelante,
FCPA) y el United Kingdom Bribery Act de 2010 (en
adelante, Bribery Act). Las leyes contra la corrupción
generalmente prohíben, entre otras conductas, ofrecer
cualquier cosa de valor a funcionarios con el fin de
obtener o mantener negocios o asegurar cualquier
ventaja empresarial indebida o no mantener libros y
registros precisos y registrar adecuadamente las
transacciones.
En este sentido, debido a la naturaleza de su actividad, el
Grupo Telefónica ve incrementada su exposición a este
riesgo, lo que acrecienta la probabilidad de ocurrencia del
mismo ; en particular, cabe destacar la continua
interacción con funcionarios y Administraciones Públicas
en los frentes institucional y regulatorio (se trata de una
actividad regulada en diferentes órdenes), operacional
(en el despliegue de su red, está sujeta a la obtención de
múltiples permisos de actividad) y comercial (presta
servicios directa e indirectamente a las Administraciones
Públicas). Más aún, Telefónica es una compañía
multinacional sujeta a la autoridad de diferentes
reguladores y al cumplimiento de diversas normativas,
nacionales o extraterritoriales, civiles o penales, a veces
con competencias compartidas, por lo que resulta muy
difícil cuantificar los eventuales impactos de cualquier
incumplimiento, teniendo en cuenta que en dicha
cuantificación debe considerarse, no sólo la cuantía
económica de las sanciones, sino también la potencial
afectación negativa de las mismas al negocio, a la
reputación y/o marca, e incluso, llegado el caso, a la
capacidad para contratar con las Administraciones
Públicas.
Adicionalmente, las operaciones del Grupo Telefónica
pueden estar sujetas, o de alguna manera afectadas por
programas de sanciones económicas y otras restricciones
comerciales ('sanciones'), tales como aquellas
gestionadas por las Naciones Unidas, la Unión Europea y
los Estados Unidos, incluyendo la Oficina del
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para el
Control de Activos Extranjeros (U.S. Treasury
Department’s Office of Foreign Assets Control OFAC). La
normativa relativa a sanciones restringe las relaciones del
Grupo con ciertos países, individuos y entidades
sancionados. En este contexto, la prestación de servicios
por parte de una multinacional de telecomunicaciones,
como el Grupo Telefónica, de forma directa e indirecta, en
múltiples países, requiere la aplicación de un alto grado
de diligencia para prevenir la aplicación de sanciones
(que pueden incluir programas de sanciones económicas
a países, listas de entidades y personas sancionadas o
sanciones a la exportación). Dada la naturaleza de su
actividad, la exposición del Grupo Telefónica a dichas
sanciones es especialmente destacable.
Aunque el Grupo cuenta con normativa interna y
procedimientos establecidos para asegurar el
cumplimiento de las leyes contra la corrupción y la
normativa relativa a sanciones anteriormente
mencionadas, no puede garantizar que esta normativa y
procedimientos sean suficientes, o que los empleados,
consejeros, directores, socios, agentes y proveedores de
servicios del Grupo no actúen infringiendo la normativa y
procedimientos del Grupo (o, igualmente, infringiendo las
leyes pertinentes en materia de lucha contra la
corrupción y sanciones), y por tanto el Grupo, sus filiales o
dichas personas o entidades puedan en última instancia
considerarse responsables. En este sentido, actualmente,
el Grupo Telefónica coopera con autoridades
gubernamentales (en su caso, conduciendo las
investigaciones internas correspondientes) a propósito de
solicitudes de información potencialmente relacionadas,
de forma directa o indirecta, con posibles infracciones de
las leyes contra la corrupción. Telefónica considera que
cualquier potencial sanción en el marco de estas
solicitudes específicas, no afectaría de forma material a la
situación financiera del Grupo, considerando su tamaño.
No obstante lo anterior, el incumplimiento de las leyes
contra la corrupción y sanciones podría dar lugar, no sólo
a sanciones económicas sino también a la resolución de